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Distintas organizaciones piden indagar historial de aspirantes a Fiscal General

Representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil señalan que los diputados deben poner especial cuidado en la trayectoria de cada uno de los candidatos a la Fiscalía General, para conocer si algunos de ellos podrían tener conflicto de interés en caso de que fueran electos.

En La Mira-Judicial

Erika Saldaña presidenta del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) aseveró que “Esas son consideraciones, creo yo, relevantes que se deben tener en cuenta a la hora de analizar la trayectoria profesional de cada una de las personas, es parte del análisis, saber de qué han trabajado en los últimos años y si podría existir un conflicto de interés”.

Para el caso, el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Ulices del Dios Guzmán, quien compite por ser fiscal, ha sido el apoderado legal del empresario Enrique Rais, actualmente prófugo de la justicia acusado de formar una red de presunta corrupción y por presuntamente entregar dádivas al exfiscal Luis Martínez, procesado por tres casos de corrupción, aparte del juicio civil por presunto enriquecimiento ilícito.

Saldaña señala que en el caso de “Ulices del Dios Guzmán, puede ser más palpable (el conflicto de interés) pues hay una relación profesional de apoderado de confianza y el señor Enrique Rais, ha sido señalado en varios procesos que está llevando la Fiscalía precisamente”.

Por su parte Javier Castro, Director del Departamento de Estudios Legales, de Fusades, la Comisión Política de la Asamblea Legislativa debe “transparentar las trayectorias de los candidatos y determinar los conflictos de intereses que pudieran existir y valorar si es idóneo y la persona adecuada para el cargo”.

Castro añadió que si alguno de los aspirantes les genera dudas, esa persona debe ser descartada. Cree que es importante que los diputados sean “rigurosos” examinando la trayectoria de los candidatos.

“Se deben asegurar que las personas cumplen los requisitos constitucionales para ser fiscal y dentro de ello que sean independientes, probos, idóneos y libres de cualquier cuestionamiento ético”, dijo.

Otro candidato a la Fiscalía es el actual presidente del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Néstor Castaneda, quien fue designado por el expresidente Mauricio Funes a esa entidad en el primer periodo de su gestión como magistrado.

Funes, que se encuentra asilado en Nicaragua, ha sido acusado por una Cámara de lo Civil por enriquecimiento ilícito durante su periodo presidencial y actualmente es procesado por sobornar al exfiscal Martínez y por lavado de dinero por $351 millones de fondos públicos.

Castaneda explicó que la duda es válida, pero asegura que su nexo con Funes se debe a que fue designado por el exmandatario a propuesta de los sectores de la sociedad civil. Actualmente lleva su segundo periodo en el TEG como presidente de la institución, electo por la Asamblea, pero “una vez nombrado, nosotros no debemos obediencia a ninguno que nos nombró”, acotó Castaneda.

Sin embargo, Saldaña dice que Castaneda tiene en sus manos decidir si amonesta o no a quienes también tienen el poder de elegirlo a él como fiscal, a raíz de la denuncia interpuesta por varias organizaciones civiles en contra de la Comisión Política por no elegir en tiempo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

El abogado Manuel Chacón, otro de los aspirantes explicó que aunque trabaja como asesor del Ministerio de la Defensa desde hace 10 años, no tiene ningún conflicto de interés para optar al cargo de fiscal.

“Veo casos desde la Corte de Cuentas hasta casos de asesoría interna y no sólo soy yo, no habría ningún conflicto de interés porque el ministro de la Defensa no está siendo procesado”, aseguró.

 

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