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Salvador Sánchez Cerén podría ser el tercer expresidente condenado por negarse a explicar los gastos de la partida secreta

Los magistrados de la anterior Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenaron en agosto de 2010 a los poderes Ejecutivo y Legislativo "especificar con precisión la cantidad, finalidad y entidad que ha de realizar los gastos públicos" en la Ley de Presupuesto.

En La Mira-Editorial

Se entendía que la sentencia ponía fin a un truco legal que usó durante más de 10 años la Presidencia de la República para hacer traslados y uso discrecional de fondos públicos.

Y es que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos de la Ley del presupuesto que  permitía a la Presidencia de la República alimentar con millones de dólares la llamada “partida secreta”, y de paso declaró que cualquier rubro de financiamiento estatal cuyos detalles se mantengan en reserva carece de fundamento en la Constitución de la República.

Sin embargo, la Presidencia insiste en que gastos secretos de Salvador Sánchez Cerén no son auditables.

La Corte de Cuentas de la República ha denunciado que la Presidencia de Sánchez Cerén continúa bloqueando la auditoría a los gastos secretos de esta administración, que hasta junio de 2018 ascienden a $147.96 millones.

Al cabo de cuatro años la administración de Sánchez Cerén ha acumulado $147.96 millones en gastos secretos o gastos reservados.

La respuesta de señalarlos como “reservados” contiene el mismo argumento que han utilizado las administraciones presidenciales en los últimos 29 años para obstaculizar la fiscalización de esta partida.

Por mandato constitucional, la Corte de Cuentas de la República tiene la facultad de auditar el gasto de fondos públicos en el Estado, pero las administraciones presidenciales han utilizado el argumento de “los gastos reservados” (entendidos como fondos que han sido utilizados en labores de inteligencia y de seguridad nacional) para bloquear el acceso al detalle del gasto. La ley de la Corte de Cuentas, sin embargo, faculta a la entidad para fiscalizar estos fondos, aunque se sobreentiende que esa información es de carácter confidencial, pero no secreto.

Y es que las últimas investigaciones de la Fiscalía General contras las administraciones presidenciales de Antonio Saca (2004-2009) y de Mauricio Funes (2009-2014) arrojan que esa partida se utilizó para satisfacer los lujos de los presidentes, para pagar sobresueldos, a agencias de publicidad y hasta para financiar campañas de partidos políticos.

En un juicio por corrupción, Saca confesó el desvío de más de $300 millones para beneficiarse así mismo, a su familia y a terceros. Por ello fue condenado a 10 años de prisión. La Fiscalía tiene procesado por corrupción al expresidente Mauricio Funes por el desvío de $351 millones.

Con estos antecedentes En La Mira. com consider que no sería raro que el próximo reo por ocultar el gasto de fondos del Estado sea el Presidente Salvador Sánchez Cerén que hasta el momento y cuando faltan pocos meses de su mandato en el Ejecutivo ha utilizado $147.96 millones en gastos secretos o gastos reservados. Esperemos a ver que sucede.

 

 

 

 

 

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