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En El Salvador debe existir un plebiscito o referéndum

El plebiscito es una consulta popular que los gobernantes o diputados del congreso realizan cuando se va a aprobar una ley, un cambio constitucional o un dictamen que favorece de una u otra forma a los ciudadanos. Cuando esto pasa, las personas mayores de edad votan para decir si están de acuerdo o no con esta iniciativa y respetando el pensar de la mayoría se realiza o se deja de lado.

En La Mira-Editorial

En nuestro país hay varios casos que podrían ser consultados como: si se debe volver al colón como moneda nacional y dejar de utilizar el dólar, si los diputados y los alcaldes deben aumentar a cinco años su mandato y de esta manera invertir menos en los procesos electorales y hacer las votaciones cada cinco años cando se elija al nuevo Presidente de la República, también se puede establecer que los salvadoreños evalúes el trabajo que está realizando el Presidente en los primeros dos años y medio de mandato y de no estar conformes que lo sustituya el vicepresidente.

Hay otros temas más delicados que pueden consultarse con la población como la implementación de la pena de muerte, la cadena perpetua, que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean elegidos por la población, como sucede en otros países y no por los diputados de la Asamblea Legislativa, estos entre otros que incluso pueden ser exigidos por la población.

Muchos de estos casos ya son implementados en otros países de América del Sur y de Europa y están dando buenos resultados porque los políticos saben que quien manda en el país es la mayoría, ante eso se cuidan de no cometer abusos, porque de ser así la población los castigará severamente.

Sin embargo, en nuestro país son los mismos diputados los que no toman en cuenta la implementación de un plebiscito o referéndum pues saben que saldrían perdiendo y todos los  abusos de poder, malgasto del dinero, robo, engaño y actos de corrupción serían sancionados con duras penas incluyendo la cárcel.

Es por eso que los candidatos a la presidencia, a diputados o a miembros de la Corte Suprema  de Justicia no dicen nada cuando andan en campaña pidiendo votos, pues saben que los abusos se terminarían y que aquel que los cometa pagaría severamente por eso. Ante esta realidad lo ideal sería que la población, bajo la dirección de alguna entidad o movimiento ciudadano, lo exigiera. Si así fuera, entonces los funcionarios en general entenderían que se terminó con los abusos y que quien manda en El Salvador es el pueblo, que con sus impuestos les paga sus salarios, aporta para el presupuesto nacional y cubre todos los gastos que como país hacemos.

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