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Abogada de víctima de acoso sexual del diputado arenero Alberto Romero pide justicia

Abogada Johanna Evangelina Martínez pide al Fiscal Douglas Meléndez que se haga justicia y se proceda contra el jefe de la bancada de ARENA, Alberto Romero, por el delito de acoso sexual. Asimismo la apoderada legal de la víctima pide cárcel contra el parlamentario del departamento de Cuscatlán.

En La Mira-Judicial

La denuncia por acoso sexual fue presentada hace tres meses y la Fiscalía General aún no se ha pronunciado por lo que la abogada Martínez pide al Fiscal General que actue y deje de proteger a jefe de bancada de ARENA.

En el documento la profesional en derecho pide medidas con régimen de protección para víctimas y testigos, a fin de que su cliente se mantenga en anonimato su identidad personal.

Martínez explica, que tiene instrucciones precisas de la demandante a fin de que se investiguen los hechos y que en su momento se ejerza la acción penal y pública por el delito de acoso sexual previsto y sancionado en el artículo 165, del Código Penal.

En la relación de los hechos se explica que la mujer comenzó a trabajar en la Asamblea Legislativa y que estaba bajo las órdenes del diputado Alberto Armando Romero Rodríguez y describe que hubo una correlación laboral muy cordial.

Sin embargo a los tres meses que tenía de haber llegado a laborar, la víctima comenzó a sentir que el parlamentario la veía con morbo, que le hacía comentarios sobre su cuerpo y que de forma maliciosa se los hizo en tres oportunidades, por lo que la mujer si hizo desentendida a las insinuaciones, por lo decidió interponer la denuncia en la Fiscalía General de la República.

En el escrito se pide que se tenga por interpuesta la presente denuncia, que se realicen las investigaciones correspondientes y que en su debido momento se gire la correspondiente orden de detención administrativa contra el diputado Romero.

De igual forma se continúe con el trámite de ley correspondiente y que sobre todo, se le otorguen las medidas de protección que otorga la Ley para Protección de Víctimas y Testigos en sus artículos 10 y 28.

También se resguarde la identidad de la víctima como persona protegida y los datos deberán mantenerse en archivo confidencial.

 

 

 

 

 

 

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