ALER señala que hay interés de debilitar organizaciones y medios en El Salvador
La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular (ALER) señala en un comunicado que: “Hay un claro interés de debilitar el rol que tienen las organizaciones sociales y los medios de comunicación que mantienen en agenda señalar al gobierno de El Salvador, presidido por el presidente de Nuevas Ideas Nayib Bukele”.
En el documento ALER manifiesta “su preocupación por el intento de debilitar el rol de las organizaciones sociales y medios de comunicación críticos en El Salvador, mediante la aprobación de la “Ley Regulación de Agentes Extranjeros” que se ha quedado en pausa solo con el dictamen favorable.
Para ALER esta normativa significará un “artero ataque contra el rol promotor de derechos humanos, la participación ciudadana, contraloría social y apoyo al desarrollo humano de diversas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación alternativos”.
En el comunicado se lee que “la ley plantea un abusivo impuesto del 40% a las donaciones procedentes del exterior, criminaliza el trabajo de las organizaciones y podría conducir al cierre de ONGs y medios de comunicación, como ya sucede en Nicaragua, donde ya existe una normativa similar.
ALER señala que “la eventual aprobación de dicha ley es parte de la escalada autoritaria del presidente Nayib Bukele en su intento de silenciar las voces críticas que cuestionan falta de transparencia y retrocesos democráticos en El Salvador”.
Además, agrega que como coordinadora continental de medios comunitarios, alternativos y populares, expresa su respaldo a las organizaciones sociales y medios críticos salvadoreños; y exhorta al gobierno de Bukele a respetar el trabajo que éstos realizan en favor de los derechos humanos y la democracia del país centroamericano.
Este jueves la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen donde el Gobierno puede controlar a las organizaciones no gubernamentales, esto bajo la excusa de hacer de las oenegés “más transparentes”, tal como lo planteó el oficialismo desde la introducción de la Ley de Agentes Extranjeros el pasado 9 de noviembre.
Según se establece el marco normativo el Gobierno a través de la plantación de un impuesto, se les quitará el 40% de los fondos a organizaciones que no sean de carácter social; es decir, si a una organización le otorgan 1,000 dólares del extranjero a una ONG, el Gobierno se embolsará $400.
En el dictamen que no es público, se estableció según lo acordado en la Comisión de Relaciones Exteriores que en el artículo 12 de la ley, se imponga una pena de prisión de 2 a 5 años a los agentes extranjeros que “ejecuten actos que contravengan el orden público, la seguridad nacional o soberanía del Estado”.
