Nayib Bukele devolvió con observaciones los decretos 652 y 653, que contienen la Ley de Compras Públicas y la Ley de Creación de la Dirección Nacional de Compras Públicas.

Las observaciones aún no son divulgadas por la Asamblea Legislativa ni han sido conocidas ni comentadas públicamente por los diputados.

La nueva Ley de Compras Públicas fue aprobada el 25 de enero de 2023 excluyendo de su aplicación a las entidades privadas que firmen convenios con instituciones del Estado, a los proyectos estratégicos de utilidad pública definidos por el Consejo de Ministros y a todas las contrataciones realizadas por la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM).

El artículo 5 de la Ley de Compras Públicas ordena acceso a la información solo a intervinientes e interesados, e indica que se «procurará» la competencia y si resulta «posible» la protección social, medioambiental y el desarrollo humano.

Cristosal, una ONG vinculada al FMLN, criticó que estos principios no sean imperativos y auguró que la contratación directa se convertirá ahora en “el método de contratación preferencial” del Estado en lugar de la licitación, un proceso que permite competencia entre las empresas.

La ley agrega la contratación directa en seis condiciones adicionales: ampliación de una obra no concluida, desabastecimiento de bienes y servicios sanitarios, acuerdo de urgencia, adquisición de armamento previamente calificado por el ministro de Justicia y Seguridad, la estandarización de software y equipos, y la terminación anticipada de contrato.

Las observaciones fueron presentadas en la sesión plenaria de este miércoles e introducidas por el diputado Christian Guevara, jefe de fracción de Nuevas Ideas. Las modificaciones en la agenda fueron aprobadas con 65 votos esta mañana. Hasta esta tarde, ningún diputado había solicitado la aprobación de las observaciones con dispensa de trámites y tampoco la había dado a conocer públicamente.