El Papa elimina el secreto pontificio en las causas de pederastia
Para que nunca más el ampararse en el silencio pontificio sirva a esconder u obstaculizar la investigación de los casos de pederastia por parte del clero: con esta intención el Papa Francisco ha promulgado dos leyes que eliminan el secreto pontificio cuando se trate de abusos sexuales.
Esta medida era una de las más exigidas a la Iglesia católica por las asociaciones de víctimas de pederastia y de la que más se habló en la cumbre sobre la protección de menores que se celebró el pasado febrero.
En la primera de las dos leyes promulgadas, el Papa levanta el secreto pontificio en el caso de los procesos y las decisiones relativas a los delitos «de violencia y de actos sexuales cometidos bajo amenaza o abuso de autoridad, casos de abuso de menores y de personas vulnerables, casos de pornografía infantil, casos de no denuncia y encubrimiento de los abusadores por parte de los obispos y superiores generales de los institutos religiosos».
La segunda medida endurece las normas sobre los casos de pederastia de manera que sea delito «la adquisición, posesión o divulgación, con un fin libidinoso, de imágenes pornográficas de menores de 18 años por parte de un clérigo», y no solo de menores de 14 años, como hasta ahora.
Pero, además, en la nueva instrucción «sobre la confidencialidad de las causas» se establece claramente que «no puede imponerse ningún vínculo de silencio con respecto a los hechos encausados ni al denunciante, ni a la persona que afirma haber sido perjudicada, ni a los testigos».
Finalmente, en otro artículo, se permite que en los casos relativos a estos delitos más graves, el papel de «abogado y procurador» pueda ser desempeñado también por fieles laicos con un doctorado en Derecho Canónico, y no solo por sacerdotes.
Esto significa, explica el director editorial de la comunicación vaticana, Andrea Tornielli, que «las denuncias, testimonios y documentos procesales relativos a los casos de abusos conservados en los archivos de los Dicasterios Vaticanos, así como aquellos que se encuentran en los archivos de las diócesis, y que hasta ahora estaban sujetos al secreto pontificio, podrán ser entregados a los magistrados instructores de los respectivos países que los soliciten».
Las nuevas normativas no afectan al secreto de confesión, que se mantiene, y también se subraya que será necesario proteger siempre la privacidad tanto de las víctimas como de los testigos.
«Pero ahora la documentación deberá ponerse a disposición de las autoridades civiles para la investigación de los casos ya implicados en los procedimientos canónicos», en lo que el Vaticano considera que constituye una «decisión histórica».
