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El veto presidencial a las reformas antilavado promueve la impunidad en el país

El director de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General, Jorge Cortez, reafirmó que el veto del presidente Salvador Sánchez Cerén a las reformas legislativas antilavado resta autonomía a la Unidad de Investigación de Delitos Financieros (UIF) y propicia el incremento de la impunidad en el país.

En La Mira-Nacional

Cortez aseguró que lo que está en juego es que la UIF dejaría de pertenecer al Grupo Egmont, una instancia que reúne a las unidades de investigación financiera de más de 156 países en el mundo.

A raíz de un mal uso a uno de sus informes que hizo el expresidente Mauricio Funes el Grupo Egmont recomendó al país reformar el artículo 70 de la Ley que crea a la Fiscalía General de la República (FGR) que ubica al Fiscal General como director de la UIF.

“A partir del artículo 3 de la Ley de Lavado de Dinero y Activos queda establecida la UIF, pero también es regulada por la Ley Orgánica de la Fiscalía, puesto que en el artículo 70 advierte que el Fiscal General dirigiría la UIF como una oficina afín, primaria y adscrita a la FGR”, defendió el fiscal Cortez.

Cortez añadió que esa situación lo advierte el Grupo Egmont, como un riesgo sobre las investigaciones que realiza la mencionada unidad, ya que podría existir la posibilidad de que el Fiscal General, de alguna manera, pueda tener injerencia en la autonomía de la UIF en el aspecto operativo-técnico.

El director de la Unidad Anticorrupción defendió que la autonomía de la UIF contemplada en la reforma, no le resta atribuciones constitucionales al Fiscal General, como argumentó el presidente Sánchez Cerén al vetar la medida.

Para Cortez la autonomía que se busca para la UIF es para “realizar el análisis operativo del desarrollo de sus funciones: recepción, análisis y diseminación de informes de inteligencia financiera y que esta unidad está obligada a poner en conocimiento al Fiscal General. En ese sentido y luego del proceso indagatorio, la UIF informaría al Fiscal General que existe la probabilidad o posibilidad de un delito por investigar, ya sea de lavado de activo, financiación de terrorismo y delitos conexos.

Estos son algunos de los argumentos en los que Casa Presidencial se fundamentó para vetar la iniciativa están:

Capres sostiene que la normativa trae diferentes inconvenientes al considerar que riñe con la facultad que tienen algunas entidades gubernamentales relacionadas a la facilitación de trámites.

Entre estas el Organismo de Mejora Regulatoria (OMR), creado por el Gobierno en 2015 en el marco de la Alianza por la Prosperidad y el cual, detalló, cuenta con el respaldo de la Corporación Reto del Milenio. Otras de las instituciones con las que podría generarse conflicto es con la competencia que tiene al respecto el Ministerio de Economía y el Comité de Facilitación de Comercio.

Otro de los puntos por lo que fue rechazada la iniciativa fue porque contraviene “las medidas ordenadas por la Honorable Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, orientadas a evitar la aprobación de gastos que no guardan coherencia con la situación fiscal y financiera del Estado”.

El decreto vetado regresó al Parlamento, donde los diputados para mantener en firme la normativa requieren de 56 votos para superar la decisión presidencial y ratificar de esa manera la iniciativa o de lo contrario simplemente deberán aceptar la postura del mandatario.

 

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