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Tratados internacionales obligan a Nicaragua que entregue a Mauricio Funes

Óscar Armando Pineda, magistrado de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, afirmó que aún no han recibido la solicitud de extradición del ex presidente Mauricio Funes, acusado de lavado de dinero y activos en el supuesto desvío de $351 millones en su administración.

En La Mira-Nacional

El Fiscal General, Douglas Meléndez, dijo que solo esperaban que el proceso judicial en contra de Funespasara al Juzgado de Instrucción, para formalizar la petición de extradición a la Corte.

Meléndez señaló que los tratados internacionales mandan que Nicaragua entregue a las autoridades salvadoreñas al expresidente Mauricio Funes, su compañera de vida y sus dos hijos, para que enfrente la justicia y aclare el destino de $351 millones.

Meléndez detalló que también había atrasos con la Interpol Internacional en el trámite de la difusión roja contra el ex mandatario, quien sigue prófugo en Nicaragua, pues Interpol verificaba que la extradición no fuera parte de una persecución política.

 

Nicaragua obligada a cumplir tratados y entregar a Funes

Al menos dos tratados internacionales mandan a las autoridades nicaragüenses a entregar al expresidente Mauricio Funes requerido por el Juzgado Quinto de Paz de San Salvador por los delitos de peculado (apropiarse de fondos públicos) y lavado de dinero; tras ligarlo en el desvío de $351 millones de las arcas del Estado salvadoreño durante su gestión presidencial.

El juez Quinto de Paz en la audiencia inicial decretó prisión provisional mientras son procesados en una fase superior. En el caso de Funes, su compañera de vida, Michy, y sus dos hijos, así como para los 14 restantes, el juez giró orden internacional de captura y la continuación del proceso tras encontrar suficientes evidencias que los incriminan.

Los tratados

Los tratados internacionales mandan que Nicaragua entregue a las autoridades salvadoreñas a Funes y demás implicados para que enfrente la justicia y aclare el destino de $351 millones.

Dichos instrumentos que no dan lugar a otras interpretaciones surgieron en la Convención Interamericana contra la Corrupción suscrita el 29 de marzo de 1996 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 31 de octubre de 2003, afirmó el presidente del Centro de Estudios Jurídicos, Humberto Sáenz Marinero.

“Las dos convenciones fueron ratificadas por casi medio centenar de países, incluidos El Salvador y Nicaragua, lo que representa compromisos internacionales que todo Estado firmante ha adquirido”, explicó Sáenz Marinero.

En el caso concreto de Funes, el asilo político otorgado “no puede ser un obstáculo para que el Estado de Nicaragua cumpla con las obligaciones internacionales asumidas en las dos convenciones”, destacó el abogado.

Las convenciones establecen que los países están comprometidos a contribuir recíprocamente en la lucha contra la corrupción, “y los hechos que se le imputan al expresidente Funes no son delitos políticos sino ilícitos relacionados con la corrupción”, destacó Sáenz Marinero. De ahí que estos cuerpos legales son el marco suficiente para que Nicaragua cumpla con su obligación y entregue a Mauricio Funes a El Salvador.

 

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