En promedio los municipios con mayor número de casos de COVID-19 recibieron menos recursos para enfrentar la pandemia

Los recursos transferidos a los municipios fueron realizados bajo las categorías generales de emergencia y de reconstrucción y recuperación económica, quedando a discreción de cada gobierno municipal la interpretación de las mismas.

El Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana del Fondo de Emergencia, Recuperación y Reconstrucción Económica (FERRE), que tutela la transparencia del uso de los $2,000 millones asignados para afrontar la pandemia, ha concluido que ha habido una distribución menor de recursos en los municipios que han sido afectados por mayores casos de contagios de COVID-19, mientras contrariamente, los territorios donde se han detectado menos contagios han recibido más asignación de dinero para manejo de la pandemia.

Estos resultados corresponden al Cuarto Informe de Veeduría Ciudadana, el cual contiene un análisis sobre las transferencias realizadas a los gobiernos municipales para responder a la emergencia, recuperación y reactivación económica ante la pandemia por COVID-19.

Con base en la metodología de trabajo del Comité de Seguimiento y Veeduría Ciudadana, entre los principales resultados se destaca que a los gobiernos municipales no se les propusieron lineamientos de parte de la Junta Directiva del FERRE  en los cuales enmarcar los proyectos financiados con base en el Decreto Legislativo 608, lo que implicó que la transferencia de los recursos se efectuara bajo las categorías generales de emergencia y de reconstrucción y recuperación económica, quedando a discreción de cada gobierno municipal la interpretación de las mismas.

Resultados

La distribución de los fondos por municipio se hizo en sentido opuesto a la incidencia de la pandemia. Por ejemplo, en un extremo está el municipio de Soyapango con una tasa de infección de 19.6 casos por cada mil habitantes, que recibió $6.0 dólares por cada habitante. En el otro extremo se encuentra el municipio de Mercedes de la Ceiba, en La Paz, con una tasa de infecciones mucho menor, con 0.09 casos por cada mil habitantes, pero que recibió más de $336.2 por cada habitante. Esto se debió a que la asignación de recursos se hizo bajo los criterios del FODES y no de de incidencia de la pandemia.

En términos globales, los gobiernos municipales recibieron USD 191.7 millones que representan el 29.1% de los USD 659 millones en deuda etiquetada explícitamente bajo el Decreto Legislativo 608. De acuerdo al Comité, con estas transferencias se ha respetado el porcentaje establecido por la Asamblea Legislativa. Explícitamente etiquetados bajo el Decreto Legislativo 608 se obtuvieron en 2020 tres créditos con el Fondo Monetario Internacional (USD 389 millones), el Banco Interamericano para el Desarrollo (USD 250 millones) y el Banco Mundial (USD 20 millones), que suman USD 659 millones.

Sin embargo, el Comité señala que el mecanismo de asignación de los fondos no fue observado, porque los recursos no fueron asignados por medio de un presupuesto extraordinario para el Fondo de Emergencia, Reconstrucción y Recuperación Económica, como ya había advertido en el Tercer Informe.

Sobre la distribución de los recursos

Para la distribución de los fondos, la ley FODES contempla los criterios de población (50%), equidad (25%), pobreza (20%) y territorialidad. En la ley FODES y su reglamento están establecidas las reglas para la operacionalización de estos criterios. Sobre el término equidad cabe aclarar que se refiere simplemente a distribuir una cantidad constante entre todos los municipios, sin importar las características de estos, mientras que la territorialidad se refiere a la extensión geográfica. Sobre esa base, del monto transferido a los municipios, USD 95.85 corresponden al criterio de población, USD 47.9 millones al de equidad, USD 38.3 al de pobreza y USD 9.6 millones a territorialidad.

Transparencia, importante para garantizar servicios de salud y atender a contagiados

El Comité de Veeduría Ciudadana además se encuentra elaborando los dictámenes por la no entrega de información de parte del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, la Alcaldía de San Miguel, Alcaldía de Santa Ana y Alcaldía de San Salvador.  En el caso de Hacienda la información solicitada es sobre el detalle de desembolsos realizados durante el año 2020 con cargo al Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la copia de las liquidaciones presentadas por entidades públicas correspondientes a recursos del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres desembolsados durante el año 2020 y el expediente del Acuerdo Ejecutivo 494 emitido por el Ministerio de Hacienda. Por su parte a Salud se le pidió detalle de gastos realizados con cargo al presupuesto extraordinario “Proyecto de Respuesta ante el COVID-19”, aprobado mediante Decreto Legislativo 704 de agosto.

En el caso de las alcaldías, la información solicitada es sobre el detalle de fondos recibidos durante el año 2020 del Gobierno Central y de otras fuentes destinados a atender la emergencia, registro de los egresos devengados en el año 2020 en respuesta a la emergencia, registro de las adjudicaciones y órdenes de compra emitidas en 2020 en respuesta a la emergencia, así como copia de planes, resoluciones, acuerdos, instructivos u otros instrumentos administrativos emitidos en 2020, mediante los cuales se adoptaron medidas para atender la emergencia.

El Comité alerta que, al no entregarse la información, además de incumplir la ley, los funcionarios limitan el trabajo del Comité y no se garantiza el derecho al acceso a la información a toda la población. Si no se exige sentido de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones que trabajan la emergencia por COVID-19, se niega a los salvadoreños y salvadoreñas servicios efectivos, como por ejemplo el de salud para atender la pandemia, lo que también limita sus derechos.

El Comité reitera que la información sobre la ejecución del dinero de los contribuyentes debe ser pública, con los criterios de transparencia y rendición de cuentas que se establecieron en la administración de los fondos de emergencia, y que apunte a dignificar a los salvadoreños y salvadoreñas, como ciudadanos que tienen el derecho que su dinero se utilice de forma legal y transparente. En caso de requerir información adicional, escribir al correo: comiteveeduriasv@gmail.com