FGR: hubo dolo misógino en feminicidios cometidos por el expolicía Hugo Osorio
La Fiscalía General de la República señaló que uno de los argumentos para condenar a 70 años de cárcel al exagente de la Policía Nacional Civil, Hugo Ernesto Osorio Chávez, fue que la investigación comprobó que hubo “dolo misógino”, en las muertes de Mirna y Jackeline, la noche del 7 de mayo del 2021.
“Asimismo (la jueza) ha identificado que los hechos han sido cometidos bajo la modalidad de violencia de género, hay dolo misógino en el cometimiento de los mismos”, declaró la jefa de la unidad de investigación contra los feminicidios, Graciela Sagastume, luego de escuchar la condena contra Osorio.
Según la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la misoginia son las conductas de odio, implícitas o explícitas, contrat todo lo relacionado con lo femenino tales como rechazo, aversión y desprecio contra las mujeres.
Fuentes judiciales confirmaron que la Fiscalía presentó prueba documental, testimonial y pericial en el juicio, pero no hubo detalles sobre en qué consistían. Diario El Mundo preguntó a cuántos testigos declararon en el juicio, pero manifestaron que debido a la reserva judicial el dato no podía revelarse.
El juicio inició el miércoles a puerta cerrada y al fallo llegó don José Cruz, de 70 años de edad, padre y abuelo de las dos mujeres asesinadas por Osorio Chávez. “Vine a la sentencia de Hugo, le dieron 35 años por mi hija y 35 años por nieta. Eso no sana la herida, porque fueron mis hijas”, dijo el adolorido hombre al salir del fallo condenatorio.
El juzgado impuso una condena de 35 años por cada víctima, basándose en las probabilidades de vida de Osorio, según la Fiscalía, dado que para los salvadoreños, la esperanza de vida son 70 años de edad. Durante el juicio, los fiscales habían pedido una condena de 100 años para el expolicía, 50 por cada víctima.
Como medida, la jueza ordenó que los parientes cercanos a las víctimas reciban tratamiento psicológico y como medida de reparación material colectiva, ordenó al Estado por medio del Consejo Nacional de Atención Integral a los Programas de los Adultos Mayores, que haga efectiva las acciones respecto a salud, seguridad, vivienda entre otros derechos, por ser el sostén principal de los ofendidos para garantizarles una vejez digna.
