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El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, advirtió a quienes crucen ilegalmente la frontera que se les perseguirá y se les separará de sus hijos.

Las autoridades de Estados Unidos apartan a los menores de los adultos a su cargo que entran ilegalmente en el país. Los activistas denuncian que a los padres no se les informa del paradero de sus hijos en una medida que castiga a las mujeres que huyen con sus niños de la violencia en Centroamérica.

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Así describe Lee Gelernt, abogado de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) una escena que, según las denuncias de activistas como él, se repite en la frontera de Estados Unidos con México.

“Los menores, sobre todo los más pequeños, están aterrorizados. Es mera crueldad”, señala.

Como parte de su esfuerzo por combatir la inmigración irregular, objetivo prioritario del presidente Donald Trump, las autoridades estadounidenses han empezado a separar a los menores de sus padres inmigrantes si los interceptan sin permiso para estar en el país .

El fiscal general estadounidense, Jeff Sessions, lo explicó en una reciente visita a Scottsdale, en el estado fronterizo de Arizona.

“Si están metiendo un niño sin permiso, les vamos a perseguir, y ese niño se separará de ustedes”, advirtió a los inmigrantes.

Eso es lo que han estado haciendo los agentes de la Patrulla Fronteriza y la Fuerza de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El gobierno federal sostiene que los grupos organizados de traficantes de personas se están aprovechando de las lagunas en las leyes estadounidenses para mantener su negocio y denuncia lo que califica como política de “fronteras abiertas” heredada de la era Obama.

“Tenemos una crisis en curso en nuestras fronteras y vemos que el número de personas que intentan entrar ilegalmente se ha triplicado respecto al año pasado”, dijo Jonathan Hoffman, alto cargo del Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés).

“El DHS ha mantenido la política del gobierno anterior de separar a los menores extranjeros de los adultos a su cargo cuando estén sujetos a persecución criminal”, añadió.

Entrar ilegalmente en territorio estadounidense es un delito castigado con entre seis meses y dos años de cárcel.

“Algo devastador”

En conversación con BBC News Mundo, Gelernt sostuvo una posición diferente a la del funcionario: “Este gobierno es el primero en aplicar sistemáticamente la política de separar a los niños de sus padres”.

“Es algo devastador para ellos, sobre todo para los más pequeños”.

Mientras los mayores son recluidos en centros de detención, los menores son enviados a centros tutelares o entregados a adultos que se responsabilizan de ellos temporalmente.

Según los cálculos de distintas organizaciones pro derechos civiles estadounidenses, más de 600 niños fueron separados de sus padres o familiares al cargo solo en las últimas semanas.

Como las cifras, la polémica también ha ido en aumento.

Gerald Gray, asesor del Hope Border Institute (Instituto Fronterizo Esperanza, en español), afirma que la medida pretende disuadir a los migrantes y sus familias de buscar refugio en Estados Unidos y describe la práctica como “una forma de tortura”, equivalente a la “desaparición forzada” de personas recogida en las convenciones de la ONU.

En un artículo reciente publicado en The New Yorke r , la periodista Masha Gessen definió lo que está haciendo el gobierno estadounidense como “terrorismo de Estado” .

“Capturar a los miembros de una familia, especialmente a los niños, es un acreditado instrumento del terror totalitario”, escribió Gessen, quien recordó que esto era lo que solía hacerse en la época de Josef Stalin en la Unión Soviética.

En la demanda que Gelernt y la ACLU han presentado ante un juez de San Diego con la esperanza de que obligue a poner fin a una práctica que consideran inconstitucional y contraria a los derechos de la infancia, se recogen casos de menores que han estado hasta ocho meses lejos de sus padres.

Entre las historias tras la estadística está la de una mujer salvadoreña que fue apartada de sus dos hijos, de 4 y 10 años.

Ella fue recluida en un centro de detención de Laredo, Texas, y los niños en dos hogares de acogida diferentes.

Según la declaración judicial de la mujer, en El Salvador los niños dormían con ella en la misma habitación y no se atrevían ni a ir al baño solos desde que vieron como un día delincuentes de la Mara Salvatrucha la golpearon y amenazaron.

“Niños traumatizados”

Gelernt asegura que “en estos casos hablamos de niños que ya están traumatizados por haber tenido que dejar su país y las únicas personas que conocen son su padre y su madre”.

“De repente se encuentran con que se los aparta de su lado y se los envía solos a lugares de los que nunca oyeron hablar”.

“La comunidad médica señala que esto puede causar un grave trauma, potencialmente permanente en ellos”.

Es habitual, apunta el activista, que no se informe a los progenitores recluidos del paradero de sus hijos bajo custodia federal y que no se les permita comunicarse con ellos.

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El abogado Ricardo de Anda se dedica a combatir lo que define como “abusos contra los derechos de la gente” en las leyes migratorias.

Ahora defiende los intereses de tres jóvenes centroamericanas que “salieron de su país huyendo de los grupos criminales” y permanecen privadas de libertad en el condado de Webb, también en Laredo.

De Anda dijo a BBC News Mundo que sus representadas “son muy jóvenes, casi unas niñas a las que les quitaron a sus hijos y no saben dónde están”.

“Lo más importante ahora es sacarlas de la cárcel y juntarlas con sus hijos”.

El empeño del gobierno Trump en el control fronterizo y el freno a la inmigración irregular choca con el derecho a solicitar asilo que las leyes internacionales reconocen a quienes sufren violencia y persecución, algo frecuente en Centroamérica, donde operan poderosas organizaciones criminales.

La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) alertó de un “agudo incremento” en las personas que se marchan por este motivo desde El Salvador, Guatemala y Honduras.

Acnur coincide con el gobierno estadounidense en que muchas de ellas terminan solicitando asilo en Estados Unidos.

Lo que difiere es la descripción de las personas que llegan a la frontera.

De acuerdo con la versión del gobierno, solo un 20% de quienes lo solicitan logra que un juez federal les reconozca finalmente el derecho al asilo.

Según los responsables del DHS, muchos migrantes son delincuentes que siguen los consejos de las mafias y pronuncian “las palabras mágicas” para reclamar el estatus de refugiado cuando son detenidos en suelo estadounidense confiando en que al cabo de poco tiempo serán liberados y se les perderá la pista.

Ya en la campaña que lo llevó a la Casa Blanca, Donald Trump caracterizó a los inmigrantes procedentes de México como “traficantes, criminales y violadores”.

Acnur asegura que muchos de quienes llegan desde el sur son “mujeres vulnerables y niños” que “huyen del reclutamiento forzoso en bandas criminales y amenazas de muerte”.

En el caso de las mujeres, señala el organismo de la ONU, están especialmente expuestas al peligro del abuso y la explotación sexual.

Jennifer Podkul, directora de Política de la organización benéfica Kids In Need Of Defense (Niños que necesitan defensa, en español) asegura que quienes llegan con menores son, en realidad, “padres amantes que viajarían a la otra esquina del mundo para proteger a sus hijos”.

“Eso es lo que efectivamente hacen cuando llegan a Estados Unidos”, concluye.

 

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