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La PNC mantiene vigilancia contra algunos pandilleros deportados de EE. UU.

Redacción / Foto: Cortesía

La Asamblea Legislativa aprobó el 29 de junio del año pasado una medida transitoria que busca llevar un control y seguimiento de los pandilleros deportados de Estados Unidos en el territorio nacional.

Pese a que los pandilleros traen un historial delictivo, los diputados aseguran que no los pueden encarcelar de inmediato porque en El Salvador no han cometido ningún delito.

Si lo hacen estarían contraviniendo preceptos constitucionales, dijo Antonio Almendáriz diputado del PCN y Mauricio Vargas de ARENA.

Entre las medidas que se contemplan está llevar un control y seguimiento de los pandilleros en el territorio, capacitarlos en oficios o que terminen sus estudios si fuera el caso.

Este mecanismo tendrá vigencia por un año o más por caso, pero las medidas se considerarán de carácter permanente.

Anteriormente los diputados conocieron que la cifra de pandilleros deportados ha crecido desde enero a mayo de 2017 en comparación con los registros de 2016.

Siete meses después algunos analistas se mostraron contra el decreto que obliga a mareros deportados a estudiar y alejarse de pandillas.

Los analistas señalan que así como el Gobierno está ofreciendo emplear a quienes perderán el TPS dentro de 18 meses, el año pasado los diputados crearon un risible decreto con el que pretenden encausar a criminales que fueron expulsados de otros países, comentan expertos.

Otra medida es obligar a los mareros a cursar educación primaria y a buscar un empleo, y a firmar una declaración jurada en la que se comprometen abandonar las pandillas.

A juzgar por el criminólogo Ricardo Sosa, este tipo de leyes está fuera de la realidad salvadoreña, “cómo va a creer que un miembro de una estructura criminal, que puede cargar más de 10 homicidios, que tiene una mente criminal, que se dedica y su modo de vida es pertenecer al crimen organizado, cómo va a creer que al firmar una declaración jurada y que con esa, él se compromete a ser una buena persona, a cumplir la ley, a retirarse de sus actividades”.

“Estudiar y buscar un empleo no transforma su interior ni elimina la compulsión por delinquir y abandonar ese estilo de vida que puede estar establecido por años en el territorio americano”, dice Sosa.

Agrega que a esta declaración jurada no le ve ninguna aplicabilidad en el país, pues hay que conocer cómo opera el crimen organizado transnacional, cual es el perfil criminal de esos individuos que han sido deportados y serán.

¿Cómo funciona la ley?

La Dirección de Migración tendrá un banco de datos de los deportados de todos los países del mundo, los cuales se verificarán mediante una entrevista que de mentir derivaría en un proceso judicial.

Luego, el pandillero quedaría bajo custodia de la Policía para que en un lapso no mayor a tres días lo lleve a un tribunal de paz para que se determinen las medidas a imponer.

El criterio del juez partirá de la peligrosidad del delincuente y este le permitirá definir si lo obliga a estudiar o realizar trabajo comunitario.

Sobre esto el director de la PNC, Howard Cotto se limitó a decir que “las disposiciones ya están en marcha”, pero sobre los resultados no ahondó.

Hasta el momento la medida no ha sido puesta en práctica tal como se planteó, y lo único que se ha hecho es tener un control de los mareros, quienes están obligados a presentarse cada cierto tiempo al cuartel central de la PNC, aunque algunos solo asistieron las primeras veces y luego después se han ausentado.

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