Judicial

La CSJ da ultimátum a Probidad para entregar declaraciones patrimoniales

La CSJ dio 15 días a la Sección de Probidad para que entregue los expedientes de las declaraciones patrimoniales junto con las auditorías de 18 funcionarios investigados.

La Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le ordenó a la Sección de Probidad entregar 18 declaraciones patrimoniales junto con las auditorías realizadas a cada una, esto como acatamiento a una notificación hecha por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que les dio un plazo de cinco días (que se vencían el pasado 9 de agosto) para entregar el requerimiento hecho por un ciudadano.

Según el acta de Corte Plena del pasado 8 de agosto, y que esta publicada en la página web de la CSJ, se acordó entregar las 18 declaraciones patrimoniales de igual número de funcionarios y estableció que serían proporcionadas en 15 días hábiles y no en cinco como lo exigió el IAIP, debido a que la documentación requerida no estaba completa y faltaba la conclusión de las auditorías.

Ocho de los 15 magistrados que conforman el pleno de la CSJ votaron en favor de la medida, entre los que están cuatro de los cinco titulares de la Sala de lo Constitucional, a excepción de Sidney Blanco.

Según consta en el acta de la sesión de ese día, Blanco dijo que se pueden establecer plazos de entrega escalonado, por lo que “la Sección de Probidad podrá presentar una propuesta de tiempos para cada uno de los casos”.

Los magistrados que votaron por el plazo de entrega de 15 días hábiles son: Rodolfo González, Belarmino Jaime, Óscar Pineda, Floretín Meléndez, María Luz Regalado, Dafne Sánchez de Muñoz, Elsy Dueñas y Juan Manuel Bolaños.

El magistrado de la Sala de lo Penal, Leonardo Ramírez Murcia, y quien no votó por el plazo de 15 días, dijo en la sesión que se debe establecer un “plazo razonable” de la entrega de la información, pero mencionó que se debe explicar el tiempo y los trámites que implican algunos casos, de acuerdo a su complejidad.

La magistrada presidenta de la Sala de lo Penal, Doris Rivas Galindo, -quien también no votó por el tiempo acordado- sugirió hacer cálculos de tiempos conforme a la experiencia de Probidad y establecerlo para cada caso.

El jefe de la Sección de Probidad, Carlos Pineda, quien también fue citado a la reunión de Corte Plena informó que de los expedientes solicitados no se cuenta con el informe preliminar y que en la mayoría de los documentos no se ha recibido las auditorias provenientes del sistema bancario, además está pendiente la oportunidad de defensa de los investigados.

Pineda argumentó, según se plasma en el acta, que por la capacidad instalada con la que cuenta la oficina que preside se imposibilita realizar todas las diligencias que cada caso requiere y también dependen de los tiempos de respuesta del sistema bancario, por lo que aseguró que establecer un plazo de entrega es “difícil”.

Asimismo, explicó que los argumentos antes mencionados ya habían sido explicados al Instituto y que este los había admitido, pero aun así la entidad que vela por el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública declaró sin lugar un recurso presentado por el magistrado presidente, Oscar Armando Pineda, sobre el requerimiento de las declaraciones patrimoniales.

En la misma acta de Corte Plena se señala que hay una lista de 340 funcionarios a quienes se les está analizando las declaraciones patrimoniales tanto de entrada a los cargos que desempeñaron como del cese de funciones.

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