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EE. UU. condena a salvadoreño a dos años de cárcel por posesión ilegal de pistolas

Agencias

El juez James R. Sweeney II del Tribunal de Distrito de Indiana, en Estados Unidos, sentenció a dos años de cárcel en una prisión federal al salvadoreño Ramón Álvarez-Hernández, de 40 años, por “posesión ilegal de un arma de fuego” y por “amenazar con matar a víctima de abuso doméstico”.

La Oficina del Fiscal del Distrito de Indiana informó, tras la condena, que Álvarez-Hernández fue arrestado el 12 de abril pasado en un control de tráfico, luego que agentes policiales le encontraran “dos pistolas y 19,3 gramos de cocaína”, sin embargo, los agentes estaban cumpliendo una orden judicial por amenazas a una víctima de abuso doméstico.

Según documentos judiciales, el 22 de febrero de 2023 agentes policiales del distrito acudieron a una vivienda “para investigar un incidente de violencia doméstica. Al llegar, los oficiales se enteraron de que Álvarez-Hernández golpeó, estranguló y apuntó con un arma de fuego a la víctima, amenazando con matarla. Los agentes observaron hematomas en el rostro de la víctima y marcas rojas en el cuello. Álvarez-Hernández no estuvo presente en este momento”.

Al día siguiente los agentes prosiguieron con su investigación y se enteraron que Álvarez-Hernández “amenazó con dispararle a la víctima si cooperaba con la policía”, y que “también amenazó al vecino de la víctima e intentó interrogarlo sobre su relación con la víctima”.

A partir de este incidente ya existía una orden para su arresto, el cual fue efectivo un mes después cuando también le encontraron las dos armas.

“Las investigaciones muestran que los agresores domésticos armados representan un profundo riesgo para la seguridad de sus seres más cercanos y del público en general”, dijo el Fiscal Federal para el Distrito Sur de Indiana, Zachary A. Myers.

El salvadoreño se encuentra ilegalmente dentro de Estados Unidos, por lo que al completar su sentencia será deportado.

El juez Sweeney también ordenó que Álvarez Hernández sea supervisado por la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos durante tres años después de su liberación de la prisión federal.

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